Escraches

　

Confieso que siento una profunda admiración por los artistas argentinos, especialmente por sus músicos y poetas. Si en mi niñez me deleitaban los tangos de Carlos Gardel, aderezados por Federico Le Pera, hoy me fascinan Baglietto, Lito Vitale o Astor Piazzola; también sus escritores, Bioy Casares, Cortázar, Borges sobre todos y, cómo no, Enrique Santos Disépolo, aquel que escribió el tango Cambalache, que parece una premonición de nuestros días y al que alguna vez me he referido: "... los inmorales nos han igualao./ Si uno vive en la impostura, / y otro roba en su ambición, / da lo mismo que sea cura, / colchonero, rey de bastos, / caradura o polizón ...!". Lo cierto es que los argentinos me han parecido siempre creativos, apasionados, capaces de enmascarar sus desencantos con las más festivas formulaciones y también de adoptar disparatadas claudicaciones a la hora de transigir con los políticos que eligen y soportar sus irreflexivas decisiones. Dice un amigo bonaerense que, en su genialidad, son inventores de un término, boludo, imposible de definir pero insuperablemente expresivo; nadie sabe lo que significa, pero todo el mundo sabe lo que expresa.

Nos legan ahora una figura desconcertante, cuya etimología y significado verdadero no alcanzo a entender; escrache es término expresivo de la protesta, pacífica en principio, manifestada frente a las casas de determinados políticos que indultaron a militares a los que se creía causantes de desapariciones de miles de ciudadanos durante el detestable régimen militar, que tan devastador resultó en el pasado siglo. Y ocurrió como siempre ocurre por esos lares, que lo que comenzó con acciones casi festivas fueron girando, con la indolencia propia de su gente, hacia una serie de expresiones violentas de indeseable acoso y que, como tantas otras, se han instalado en España desde plataformas denominadas, de momento, "de afectados por las hipotecas".

Debe decirse que se presenta como razón de su protesta la hipoteca, entendida como un instrumento de barbarie sin discusión alguna, sin que sea permitido distinguir el normal desenvolvimiento de este derecho real de determinadas prácticas generalmente abusivas, ejercitadas por instituciones crediticias. Con independencia de esta consideración, es lo cierto que los escraches se han convertido en una excusa para que una pandilla inclasificable se sitúe a la puerta de un dirigente político a perturbar su paz, inquietar a su familia y crear un clima amenazante, exteriorizando sus desacuerdos lejos de cauces democráticamente aceptables. Una destacada personalidad calificó los hechos como propios de un régimen nazi y le cayeron miles de inmediatas críticas, cuando se estaba en realidad refiriendo simplemente a la similitud entre esas prácticas y algunos gestos del lunático nacionalsocialismo alemán. Es verdad, sin embargo, que las juventudes hitlerianas en sus comienzos -luego no tuvieron necesidad de tanta sutileza- estigmatizaban de esa forma los domicilios y establecimientos judíos en las ciudades alemanas, polacas y austriacas, sobre todo.

El escrache tiene un indudable componente de hostigamiento, de amenaza cercana, de inquietud provocada para lograr con las voces en la calle lo que debe procurarse por cauces determinados legalmente. No entro a valorar si, como parece, estos pocos manifestantes, amparados en el argumento de los desahucios, obran manipulados por organizaciones más o menos conocidas, pero son protagonistas de una actitud que orilla al menos lo delictivo y que, sorprendentemente, no siempre recibe inmediata respuesta del Estado. De cualquier forma, resulta injustificable esa moda que parece tener vocación de permanencia entre nosotros y a la que debe ponerse coto, pues en ningún caso, por pésima que fuera la gestión de los dirigentes políticos, puede atentarse contra la paz y el sosiego propio y del entorno familiar de nadie. Por cierto, la maniobra parece selectivamente ejercitada, pues no se exteriorizó durante mandatos pretéritos, que nada opusieron a esta situación.

La cuestión de las hipotecas y los desahucios parece en vías de relativa solución; Dios quiera que se resuelva con equilibrado criterio, ya que es problema de muchas aristas que demanda sosiego en su tratamiento. Mientras, no parece conveniente olvidar que las leyes, durante su vigencia, deben ser cumplidas por todos sin regates ni insumisiones estrafalarias.

Y como a veces pienso que Ramón J. Sénder tenía razón cuando en La aventura equinocial de Lope de Aguirre afirmaba que "lo que pasa es que en la vida está permitido todo y vuesas mercedes no se han enterado todavía", esta reflexión del escrache me ha llevado a exteriorizar mi deseo de manifestarme también de esa forma tan mejorable contra algunas realidades que debo soportar con dolor en esta España nuestra. Así ante el hecho de que los proetarras se sienten en los parlamentos, gobiernen nuestro destino y se nutran de nuestros impuestos. O ante quienes ultrajan nuestra bandera y nuestro himno nacional e insultan la Jefatura del Estado. O ante quienes chantajean al Gobierno de la Nación desde la perversa amenaza de la secesión. También ante quienes desde el ejercicio del poder se enriquecen, con desprecio a los ciudadanos necesitados de inmediata atención y hacen un uso malévolo de los fondos públicos para fines inconfesables. O ante quienes desde los observatorios al uso permiten el tráfico de seres humanos, la esclavitud de mujeres a la vista de todo el mundo y la explotación sexual de niños en las autopistas informáticas. O ante quienes insisten en politizar la Justicia y menoscabar la independencia de los jueces. O ante quienes no hacen uso de los mecanismos constitucionales para poner fin a esta sangría de comunidades y ayuntamientos, diputaciones y sindicatos, instituciones diversas y empresas públicas, mayoritariamente prescindibles, que los medios de comunicación nos relatan a diario.

Ante todo eso presento mi escrache. Lo malo es que soy respetuoso con las leyes, con las personas y con sus derechos y, por ello, incapaz de producir temor, inquietar a nadie o violentar la paz social. Así mi escarche de poco va a servir, me temo.

　

Antonio Moreno Andrade

Publicado en ABC de Sevilla el 28.4.2013

Política y leyes
Leía hace unos días unas declaraciones del presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, en que expresaba que contra la declaración de Soberanía aprobada por el Parlamento catalán "no hay normas ni constituciones ni interpretaciones posibles". No es que no estemos acostumbrados a iluminadas manifestaciones de este señor, pero produce estupefacción oír de un dirigente político, en el marco de un Estado de Derecho, tan brutal afirmación. Recordaba, sin embargo, aliviado, aquel pensamiento de un insigne catalán, al que alguna vez me he referido, Noel Clarasó: "un político es aquél que dice representar la opinión del pueblo, sin habérsela preguntado nunca", pues estoy seguro de que la mayoría de sus paisanos no participan de estos delirios que pretenden eludir la verdadera realidad de esa comunidad autónoma.
Pero no puedo ocultar la preocupación que me produce el hecho de que quien se hace llamar el "molt honorable" cometa, sin demasiada contradicción, según observo, un disparate tan impropio de quienes están llamados a hacer respetar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, según juramento que han debido prestar para ejercer su magistratura.
La cuestión no es nueva: recordamos la incomprensible actitud adoptada por los gobiernos de España y de la citada comunidad, indisimuladamente expuesta tras el dictado por el Tribunal Constitucional de su sentencia de 28 de junio de 2010. La desafiante insolencia del Estatuto catalán, conculcando el artículo 149 de la Constitución, que establece la competencia exclusiva del Estado en materia de Administración de Justicia, al pretender instaurar un Consejo de Justicia de Cataluña, desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial (ocurrencia también predicable del Estatuto andaluz) fue certeramente anulada por la sentencia. Sin embargo las más altas instancias del Gobierno y de la Generalidad acordaron burlar la misma y, mediante una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, imponer lo que por su clarísima oposición a la norma constitucional había rechazado aquélla. Gracias a Dios, las altas instancias citadas, desalojados de sus respectivos gobiernos, pasaron a atender otros menesteres y el asunto quedó olvidado.
La inquietante realidad que crea el hecho de que los máximos detentadores de la gestión de la cosa pública expresen abiertamente su desprecio por las leyes y las resoluciones de los tribunales lleva a cuestionar la división, incluso la existencia de distintos Poderes del Estado. Da la impresión de que los designios de los ejecutivos se convierten en leyes inmediata y necesariamente merced a parlamentos anulados por mayorías absolutas o maniatados por el mercadeo de voluntades. Cabe preguntarse si de esta perspectiva se deriva la existencia de un verdadero Estado de Derecho.
Aristóteles, en La Política, afirma que la corrupción de la democracia es la demagogia. Mi admirado Tomás Moro, en su Utopía, señala que la bondad y la inocencia son connaturales al hombre, siendo las instituciones y organizaciones sociales y políticas las responsables de la entidad moral de los sujetos que bajo ellas se desarrollan.
La demagogia a que aludía el alumno de Platón es definida por el DRAE como la "degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder". Debiendo aceptarse la política como una actitud dictada por la nobleza de trabajar por el bien común y la democracia la forma más excelsa de su realización, la demagogia constituye sin duda su más abyecta negación, generadora de un constante engaño, de la instalación de la corrupción como norma y de la utilización de la acción política en el propio provecho de personas o grupos aferrados al poder, olvidados, si es que alguna vez lo advirtieron, del bondadoso afán de servir al mandato de sus conciudadanos.
Vive nuestra patria un momento histórico sin parangón, al punto de que la acuciante situación económica pasa a un segundo plano para enzarzarse los políticos en batallas tabernarias acerca de la corrupción, de la que unos y otros se acusan sin tasa. El partido gobernante emprende veloz carrera procurando reparar, con discutido acierto, el desastre con el que se encontró tras su éxito electoral, mediante el instrumento del decreto-ley (convertido así tan excepcional mecanismo en el cauce normativo más habitual), mientras todos los demás partidos y naturalmente, los sindicatos, le atacan incansablemente, como si esa lamentable lucha fuera lo que necesita ahora el bienestar de los españoles. Cada vez más, la presión del vocerío callejero, perversamente manipulado, condiciona e impulsa las decisiones políticas, que se adoptan sin la debida reflexión y, a veces, son requeridas de nada baladíes modificaciones al poco tiempo de su vigencia.
La realidad resulta atosigante y desesperada; el ciudadano asiste atónito y desazonado a lo que sin gran esfuerzo expresa la previsión de un futuro cada vez más incierto; cualquier decisión política se contesta con una algarada en la calle; hasta los policías han pedido perdón por cumplir las leyes y las sentencias que imponen desahucios legalmente procedentes. La ley se convierte así en detestable papel mojado, adaptable a cada momento, según convenga, incumplida y despreciada por los propios legisladores. Sin el respeto a la ley, el Estado de Derecho es sencillamente un fraude, falazmente utilizado para justificar el estado de abatimiento en que han sumido a los ciudadanos "normales".
Es imprescindible y urgente que se reaccione contra este calamitoso estado de mediocridad perversa en que se ha convenido instalar a la sociedad, pues como advirtió el gran papa Benedicto XVI en su discurso ante el Bundestag, en septiembre de 2011, "un Estado que no respeta el Derecho es una banda de forajidos". Es preciso que se aúnen los esfuerzos de todos los políticos decentes, que no son pocos, por regenerar el mundo de valores que se perdió no hace tanto. Resulta inaplazable que se ponga fin a esta situación. España, nuestra gran nación, lo precisa con urgencia, lo demanda desesperadamente
Antonio Moreno Andrade
Magistrado.

A peor va la mejoría

A peor va la mejoría

Sufre de nuevo la Justicia una verdadera conmoción, tantas veces reproducida a lo largo de su existencia. Confieso que desde que inicié mi andadura en esta Carrera, la posición del juez y del poder que encarna han ido declinando sin cesar, con una cadencia más o menos pausada. Pareció que la Constitución venía a poner fin a ese progresivo deterioro institucional, declarando que el Consejo General del Poder Judicial era el "órgano de gobierno" del mismo y proclamando en su artículo 122 la primacía de los jueces en su formación. Sin embargo, la Ley Orgánica de 1985 residenció en las cámaras legislativas la íntegra configuración del Consejo, sancionando así su politización interesada, pese a que su formación se había confiado hasta entonces a los propios jueces en su mayoría. La desconcertante sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de julio de 1986 puso fin a la cuestión, no formulando reproche constitucional alguno a la Ley, pese a afirmar prácticamente lo contrario en sus fundamentos.

Desde entonces, la cuestión ha derivado por derroteros francamente previsibles, en cuanto se establecía ex lege la politización de la Justicia y la dependencia de ésta de los designios de los gobernantes de turno. Los ejemplos han sido elocuentes y conocidos de todos. No parece propio de una democracia verdadera que los políticos presionen a los tribunales, desafíen la rectitud de sus resoluciones, les sugieran su sentido, les critiquen por el mero hecho de no ser sus decisiones conformes a sus deseos, expresen su inmediata voluntad de desobedecerlas, de buscar vericuetos que permitan lo que los tribunales declararon contrario a derecho.

Los sucesivos acontecimientos de desprecio y desconocimiento hacia un capital Poder del Estado han ido sumiendo progresivamente a los jueces en una situación de creciente indignación que en los últimos tiempos ha sustituido al tedioso desencanto siempre sentido. El acceso a las redes informáticas produjo el milagro de facilitar el contacto entre ellos, que abocó a un frenesí contagioso. Coincidían en la necesidad de expresar tanta decepción acumulada, poner fin a la situación de desamparo que se agravaba por momentos, frenar la politización y exigir el preciso respeto institucional.

Sin embargo los jueces no hemos sabido nunca unirnos, hemos transitado solitarios y callados demasiado tiempo, carecemos de la más mínima capacidad de respuesta y desconocemos la estrategia que viabiliza las manifestaciones propias del descontento laboral.

Así, en febrero y octubre de 2009 no pocos de ellos organizaron sendos días de huelga. En cualquier caso, la rebelión era, sobre todo, tardía. No puede ignorarse la responsabilidad histórica de los propios jueces, que hemos consentido siempre esta situación sin reacción alguna, que no hemos mostrado nunca con verdadero vigor oposición a la elocuente actitud de preeminencia de los otros poderes; incluso algunos se han sentido complacidos cuando han tenido ocasión de situarse a su lado en un plano de ilusoria igualdad y han transitado sumisamente por las veredas que le han sido marcadas desde una superioridad impostada.

Estas reacciones, en fin, se produjeron sin la debida coordinación entre las asociaciones, que se entendía eran el vehículo válido para expresar su aflicción, de tal suerte que constituyeron un fracaso rotundo sin más consecuencia que dos días de relativo asueto en algunos jueces y la penosa pero previsible frustración de ver cómo el Ministerio de Justicia de turno salía reforzado en su pulso con los jueces, a los que sigue ignorando, todo ello con el aplauso de algunos medios de comunicación, sin una reacción mínimamente enérgica del Consejo y ante la incomprensible y silenciosa indiferencia de los colegios profesionales, a los que increíblemente parecía no importarles tan angustiosa realidad que, se quiera o no, tanto les afectaba.

La situación y la consiguiente reacción se han sucedido de nuevo reciente y enérgicamente, dando lugar incluso a manifestaciones en la calle, sin duda discutibles cuando se trata de reclamar la dignidad de un Poder del Estado, indefectiblemente ignorado y maniatado por los otros.

Ahora el señor Ministro del ramo nos sorprende con medidas aún más asfixiantes para la Justicia en general. De una parte, la instauración de abusivas tasas que dificultan, cuando no impiden, el acceso de muchos ciudadanos a la Justicia, orillando la conculcación de su derecho constitucional a exigir la protección de los tribunales ("Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión", dice el artículo 24 de la Constitución, a la sazón vigente); una medida, además, que ha de entenderse preferentemente recaudatoria y que acabará siendo justificativa de que no hacen falta tantos jueces tras la lograda disuasión de los justiciables. De otra, la innovadora regulación del propio sistema judicial y el colofón de la nueva configuración del Consejo, que en nada lo mejora y que reafirma la dependencia y sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo (no nos engañemos, ni siquiera es al Legislativo, que supuestamente detenta la voluntad ciudadana).

Todas estas ocurrencias me hacen recordar una anécdota que un ilustre y querido médico pacense cuenta de su amado Almendralejo. Una señora agonizaba; los familiares apremiaban un día y otro al médico. Abrumado éste ante la superflua y enésima pregunta de cómo se encontraba la anciana, contestó conciliador: "a peor va la mejoría". Pues eso, señor ministro.

Antonio Moreno Andrade

Magistrado

Publicado en ABC Sevilla el 10 de enero de 2013.