Sufre de nuevo la Justicia una verdadera conmoción, tantas veces reproducida a lo largo de su existencia. Confieso que desde que inicié mi andadura en esta Carrera, la posición del juez y del poder que encarna han ido declinando sin cesar, con una cadencia más o menos pausada. Pareció que la Constitución venía a poner fin a ese progresivo deterioro institucional, declarando que el Consejo General del Poder Judicial era el "órgano de gobierno" del mismo y proclamando en su artículo 122 la primacía de los jueces en su formación. Sin embargo, la Ley Orgánica de 1985 residenció en las cámaras legislativas la íntegra configuración del Consejo, sancionando así su politización interesada, pese a que su formación se había confiado hasta entonces a los propios jueces en su mayoría. La desconcertante sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de julio de 1986 puso fin a la cuestión, no formulando reproche constitucional alguno a la Ley, pese a afirmar prácticamente lo contrario en sus fundamentos.
Desde entonces, la cuestión ha derivado por derroteros francamente previsibles, en cuanto se establecía ex lege la politización de la Justicia y la dependencia de ésta de los designios de los gobernantes de turno. Los ejemplos han sido elocuentes y conocidos de todos. No parece propio de una democracia verdadera que los políticos presionen a los tribunales, desafíen la rectitud de sus resoluciones, les sugieran su sentido, les critiquen por el mero hecho de no ser sus decisiones conformes a sus deseos, expresen su inmediata voluntad de desobedecerlas, de buscar vericuetos que permitan lo que los tribunales declararon contrario a derecho.
Los sucesivos acontecimientos de desprecio y desconocimiento hacia un capital Poder del Estado han ido sumiendo progresivamente a los jueces en una situación de creciente indignación que en los últimos tiempos ha sustituido al tedioso desencanto siempre sentido. El acceso a las redes informáticas produjo el milagro de facilitar el contacto entre ellos, que abocó a un frenesí contagioso. Coincidían en la necesidad de expresar tanta decepción acumulada, poner fin a la situación de desamparo que se agravaba por momentos, frenar la politización y exigir el preciso respeto institucional.
Sin embargo los jueces no hemos sabido nunca unirnos, hemos transitado solitarios y callados demasiado tiempo, carecemos de la más mínima capacidad de respuesta y desconocemos la estrategia que viabiliza las manifestaciones propias del descontento laboral.
Así, en febrero y octubre de 2009 no pocos de ellos organizaron sendos días de huelga. En cualquier caso, la rebelión era, sobre todo, tardía. No puede ignorarse la responsabilidad histórica de los propios jueces, que hemos consentido siempre esta situación sin reacción alguna, que no hemos mostrado nunca con verdadero vigor oposición a la elocuente actitud de preeminencia de los otros poderes; incluso algunos se han sentido complacidos cuando han tenido ocasión de situarse a su lado en un plano de ilusoria igualdad y han transitado sumisamente por las veredas que le han sido marcadas desde una superioridad impostada.
Estas reacciones, en fin, se produjeron sin la debida coordinación entre las asociaciones, que se entendía eran el vehículo válido para expresar su aflicción, de tal suerte que constituyeron un fracaso rotundo sin más consecuencia que dos días de relativo asueto en algunos jueces y la penosa pero previsible frustración de ver cómo el Ministerio de Justicia de turno salía reforzado en su pulso con los jueces, a los que sigue ignorando, todo ello con el aplauso de algunos medios de comunicación, sin una reacción mínimamente enérgica del Consejo y ante la incomprensible y silenciosa indiferencia de los colegios profesionales, a los que increíblemente parecía no importarles tan angustiosa realidad que, se quiera o no, tanto les afectaba.
La situación y la consiguiente reacción se han sucedido de nuevo reciente y enérgicamente, dando lugar incluso a manifestaciones en la calle, sin duda discutibles cuando se trata de reclamar la dignidad de un Poder del Estado, indefectiblemente ignorado y maniatado por los otros.
Ahora el señor Ministro del ramo nos sorprende con medidas aún más asfixiantes para la Justicia en general. De una parte, la instauración de abusivas tasas que dificultan, cuando no impiden, el acceso de muchos ciudadanos a la Justicia, orillando la conculcación de su derecho constitucional a exigir la protección de los tribunales ("Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión", dice el artículo 24 de la Constitución, a la sazón vigente); una medida, además, que ha de entenderse preferentemente recaudatoria y que acabará siendo justificativa de que no hacen falta tantos jueces tras la lograda disuasión de los justiciables. De otra, la innovadora regulación del propio sistema judicial y el colofón de la nueva configuración del Consejo, que en nada lo mejora y que reafirma la dependencia y sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo (no nos engañemos, ni siquiera es al Legislativo, que supuestamente detenta la voluntad ciudadana).
Todas estas ocurrencias me hacen recordar una anécdota que un ilustre y querido médico pacense cuenta de su amado Almendralejo. Una señora agonizaba; los familiares apremiaban un día y otro al médico. Abrumado éste ante la superflua y enésima pregunta de cómo se encontraba la anciana, contestó conciliador: "a peor va la mejoría". Pues eso, señor ministro.
Antonio Moreno Andrade
Magistrado
Publicado en ABC Sevilla el 10 de enero de 2013.
