Política y leyes
Leía hace unos días unas declaraciones del presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, en que expresaba que contra la declaración de Soberanía aprobada por el Parlamento catalán "no hay normas ni constituciones ni interpretaciones posibles". No es que no estemos acostumbrados a iluminadas manifestaciones de este señor, pero produce estupefacción oír de un dirigente político, en el marco de un Estado de Derecho, tan brutal afirmación. Recordaba, sin embargo, aliviado, aquel pensamiento de un insigne catalán, al que alguna vez me he referido, Noel Clarasó: "un político es aquél que dice representar la opinión del pueblo, sin habérsela preguntado nunca", pues estoy seguro de que la mayoría de sus paisanos no participan de estos delirios que pretenden eludir la verdadera realidad de esa comunidad autónoma.
Pero no puedo ocultar la preocupación que me produce el hecho de que quien se hace llamar el "molt honorable" cometa, sin demasiada contradicción, según observo, un disparate tan impropio de quienes están llamados a hacer respetar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, según juramento que han debido prestar para ejercer su magistratura.
La cuestión no es nueva: recordamos la incomprensible actitud adoptada por los gobiernos de España y de la citada comunidad, indisimuladamente expuesta tras el dictado por el Tribunal Constitucional de su sentencia de 28 de junio de 2010. La desafiante insolencia del Estatuto catalán, conculcando el artículo 149 de la Constitución, que establece la competencia exclusiva del Estado en materia de Administración de Justicia, al pretender instaurar un Consejo de Justicia de Cataluña, desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial (ocurrencia también predicable del Estatuto andaluz) fue certeramente anulada por la sentencia. Sin embargo las más altas instancias del Gobierno y de la Generalidad acordaron burlar la misma y, mediante una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, imponer lo que por su clarísima oposición a la norma constitucional había rechazado aquélla. Gracias a Dios, las altas instancias citadas, desalojados de sus respectivos gobiernos, pasaron a atender otros menesteres y el asunto quedó olvidado.
La inquietante realidad que crea el hecho de que los máximos detentadores de la gestión de la cosa pública expresen abiertamente su desprecio por las leyes y las resoluciones de los tribunales lleva a cuestionar la división, incluso la existencia de distintos Poderes del Estado. Da la impresión de que los designios de los ejecutivos se convierten en leyes inmediata y necesariamente merced a parlamentos anulados por mayorías absolutas o maniatados por el mercadeo de voluntades. Cabe preguntarse si de esta perspectiva se deriva la existencia de un verdadero Estado de Derecho.
Aristóteles, en La Política, afirma que la corrupción de la democracia es la demagogia. Mi admirado Tomás Moro, en su Utopía, señala que la bondad y la inocencia son connaturales al hombre, siendo las instituciones y organizaciones sociales y políticas las responsables de la entidad moral de los sujetos que bajo ellas se desarrollan.
La demagogia a que aludía el alumno de Platón es definida por el DRAE como la "degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder". Debiendo aceptarse la política como una actitud dictada por la nobleza de trabajar por el bien común y la democracia la forma más excelsa de su realización, la demagogia constituye sin duda su más abyecta negación, generadora de un constante engaño, de la instalación de la corrupción como norma y de la utilización de la acción política en el propio provecho de personas o grupos aferrados al poder, olvidados, si es que alguna vez lo advirtieron, del bondadoso afán de servir al mandato de sus conciudadanos.
Vive nuestra patria un momento histórico sin parangón, al punto de que la acuciante situación económica pasa a un segundo plano para enzarzarse los políticos en batallas tabernarias acerca de la corrupción, de la que unos y otros se acusan sin tasa. El partido gobernante emprende veloz carrera procurando reparar, con discutido acierto, el desastre con el que se encontró tras su éxito electoral, mediante el instrumento del decreto-ley (convertido así tan excepcional mecanismo en el cauce normativo más habitual), mientras todos los demás partidos y naturalmente, los sindicatos, le atacan incansablemente, como si esa lamentable lucha fuera lo que necesita ahora el bienestar de los españoles. Cada vez más, la presión del vocerío callejero, perversamente manipulado, condiciona e impulsa las decisiones políticas, que se adoptan sin la debida reflexión y, a veces, son requeridas de nada baladíes modificaciones al poco tiempo de su vigencia.
La realidad resulta atosigante y desesperada; el ciudadano asiste atónito y desazonado a lo que sin gran esfuerzo expresa la previsión de un futuro cada vez más incierto; cualquier decisión política se contesta con una algarada en la calle; hasta los policías han pedido perdón por cumplir las leyes y las sentencias que imponen desahucios legalmente procedentes. La ley se convierte así en detestable papel mojado, adaptable a cada momento, según convenga, incumplida y despreciada por los propios legisladores. Sin el respeto a la ley, el Estado de Derecho es sencillamente un fraude, falazmente utilizado para justificar el estado de abatimiento en que han sumido a los ciudadanos "normales".
Es imprescindible y urgente que se reaccione contra este calamitoso estado de mediocridad perversa en que se ha convenido instalar a la sociedad, pues como advirtió el gran papa Benedicto XVI en su discurso ante el Bundestag, en septiembre de 2011, "un Estado que no respeta el Derecho es una banda de forajidos". Es preciso que se aúnen los esfuerzos de todos los políticos decentes, que no son pocos, por regenerar el mundo de valores que se perdió no hace tanto. Resulta inaplazable que se ponga fin a esta situación. España, nuestra gran nación, lo precisa con urgencia, lo demanda desesperadamente
Antonio Moreno Andrade
Magistrado.